Comunicado

Las y los ciudadanos del MOVIMIENTO PATRIÓTICO FÉLIX ARCADIO MONTERO del Cantón de Santo Domingo, Heredia, ante el reciente proceso del referéndum en nuestro país, asumiendo la responsabilidad histórica que la Patria demanda y conscientes del compromiso de levantar nuestras voces en defensa de la democracia, la honestidad pública, la solidaridad, la justicia social y la paz, manifestamos lo siguiente:


EL REFERÉNDUM: UNA LECCIÓN CÍVICA

El reciente proceso del primer referéndum nacional no sólo constituye un punto de inflexión sin retorno de la política, sino que ha dejado una serie de profundas enseñanzas. La conciencia cívica se manifestó en el surgimiento de numerosos comités patrióticos y en la participación de ciudadanos y ciudadanas, quienes se levantaron valientemente, como en 1856, contra la mentira y contra el miedo.

Nos inspira el ejemplo del prócer Félix Arcadio Montero, quien en el Siglo XIX con gran valentía, e incluso sacrificando su propia vida, fundó el primer partido democrático del país, enarboló la bandera de las luchas sociales, la defensa de la institucionalidad y los derechos ciudadanos.

A pesar de la millonaria propaganda engañosa, de la ingerencia extranjera, de las continuas amenazas, de la intimidación, del nefasto Memorándum Casas- Sánchez (Memorándum del Miedo) costarricenses de diversos sectores conformamos los comités patrióticos, comités cantonales, comités distritales, los comités juveniles y los grupos de estudio integrados por trabajadores y obreros, campesinos, empresarios, amas de casa, universitarios, sindicalistas, sacerdotes, artistas, intelectuales, profesionales y estudiantes, entre otros, a lo largo y ancho de todo el país. Este proceso, que surgió como el agua viva, abrió el espacio político y la participación ciudadana. Nuestra conciencia cívica nos condujo a la formación de un gran movimiento patriótico, democrático y activo para defender las conquistas sociales, decir no al miedo y a la corrupción y proponer un futuro lleno de esperanza.


UN PROCESO MORALMENTE INACEPTABLE

Si bien es cierto el Tribunal Supremo de Elecciones ha declarado oficialmente un ganador y que matemáticamente las cifras indican el triunfo electoral de esa alianza, también es cierto que el proceso de consulta estuvo viciado por graves irregularidades y anomalías que no pueden soslayarse, como por ejemplo la inequidad en el uso de los medios de comunicación masiva, la intimidación de trabajadores y obreros de empresas y fábricas, el miedo y la mentira, la manipulación, el indebido uso de fondos públicos, la ingerencia del Embajador de los Estados Unidos y de varias corporaciones multinacionales, las presiones en contra de los Alcaldes y Munícipes, entre otras; proceso en el cual se cumplió la propuesta del Memorándum Casas-Sánchez. Estos graves hechos invalidaron moralmente el proceso y pusieron en duda el resultado del referéndum. Los graves vicios señalados han generado numerosas denuncias y protestas nacionales, e incluso la solicitud de un grupo de organizaciones y ciudadanos de todas las Américas, quienes mediante carta pública han solicitad a la Organización de Estados Americanos (OEA) la no certificación del referendo.

Los resultados obtenidos, cerca del 31% para el Sí y 28% para el No con un aproximado del 40% de abstencionismo, significó una clara censura para el gobierno y sus prácticas corruptas y un rechazo del modelo neoliberal. Este proceso dejó una discusión abierta sobre el desarrollo futuro de Costa Rica, profundas heridas electorales, puso en evidencia la incapacidad para gobernar de la clase política y aumentó el descrédito del gobierno.


DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E INCLUSIVA

Este proceso también nos ha permitido comprender los alcances de una verdadera democracia y la necesidad de recobrar la gobernabilidad perdida. No hay duda de que el referendo, en principio, constituye un importante instrumento de participación democrática. Sin embargo, en este caso esto no fue lo que ocurrió. Sabemos que la democracia implica una participación activa, responsable, informada, vigilante y entusiasta del pueblo. Activa, porque es, no sólo un asunto de instituciones formales o de elecciones cada cuatro años, por más importantes que éstas sean. Más que eso, la democracia implica una intervención cotidiana en los asuntos públicos, participación que debe ser ejercida con responsabilidad por todos los sectores sociales; también implica la adecuada información y formación de los ciudadanos sin manipulaciones ni imposiciones ideológicas; vigilante continuamente de la función pública y de sus funcionarios.

Ante todo, la democracia se debe ejercer con entusiasmo, pues constituye, más que nada, una forma de vida, una manera de convivencia social y un modo de ver el mundo. A diferencia de la dictadura o de la oligarquía en la democracia no ha de haber capitanes ni marineros, no existen águilas ni caracoles, no hay siervos, amos ni esclavos pues cada uno puede y debe pensar por sí mismo para ejercer con dignidad los derechos y cumplir con las obligaciones que le corresponden. Como es evidente es un sistema de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, que el poder se ejerce de abajo hacia arriba. En la democracia el principio de igualdad, derivado de la tradición cristiana, es el fundamento de la coexistencia social, política y económica; de ahí que sea la sociedad civil organizada la que detente con efectividad el poder público. Este es el principal actor político.
Es, en este sentido, una democracia participativa, social e inclusiva. Porque en este sistema político se ejerce con plena libertad la grandeza de decidir por nosotros mismos nuestro presente y nuestro futuro.

Un aspecto importante es que la democracia supone el control efectivo sobre los gobernantes. Los detentadores formales del poder — presidente, ministros, diputados, munícipes, alcaldes, entre otros — son depositarios durante un tiempo determinado de la capacidad de decidir por la colectividad. Los ciudadanos le cedemos la soberanía, la confianza y además, pagamos su salario. Son en sentido estricto, servidores del pueblo. Sin duda alguna, ellos le deben a este pueblo que los eligió el respeto y la mayor eficiencia en aras de la honestidad y transparencia en sus funciones públicas y en su vida privada. De ahí que no sea correcto y pervierte el sentido de la democracia, decir que durante el referéndum los ciudadanos son diputados por un día. Todo lo contrario, el diputado es un representante que recibe la soberanía del pueblo. En el referéndum es el propio ciudadano quien decide con su indiscutible derecho. En este caso y a diferencia del diputado, el ciudadano no cede ni presta la soberanía, ejerce de pleno derecho lo que le es propio.

El control político se vuelve más apremiante cuando existe una componenda entre los diversos poderes de la República para beneficio de la clase dominante. El Poder Ejecutivo, aliado con la Sala Constitucional, consiguió doblegar la independencia de los diputados, munícipes y alcaldes. Si desaparece la importante función de frenos y contrapesos que deben ejercer ente sí los diversos poderes, el pueblo, como actor político esencial de la democracia, debe reclamarles con justicia.

LA FUNCIÓN PUBLICA: ÉTICA Y POLÍTICA

También este proceso reafirmó nuestro convencimiento de que se requiere un compromiso con la honestidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Ya lo dijo Kant: “La honradez vale más que toda política”; de donde se sigue que el ejercicio de ésta, y más aún cuando es de carácter representativo, no puede entenderse desvinculado de los más elementales principios éticos. Por eso estimamos esencial que las instituciones públicas y en particular la Asamblea Legislativa recobren su función representativa, ética y efectiva, propia de un estado de derecho.

El memorándum redactado por el ex Vicepresidente Kevin Casas y el Diputado Fernando Sánchez Campos constituye todo un altar de la antidemocracia precisamente por haber propuesto como parte de una estrategia política a favor del TLC, acciones y métodos inmorales e ilegítimos. Sólo es noble y moralmente aceptable el ejercicio de la función pública cuando está regido por la honestidad y la transparencia.

Por ello como ciudadanos de la Provincia de Heredia, nos sentimos indignamente representados por el Diputado Sánchez, de quien demandamos y exigimos su inmediata renuncia a la Asamblea Legislativa como desagravio mínimo a la Patria y al sistema político.

Además denunciamos y rechazamos la acciones de intimidación y las presiones que realizó el diputado José Ángel Ocampo en el cantón de Santo Domingo.

Asimismo, resulta del todo inaceptable la ingerencia en varias empresas y en la prensa de nuestro país del Embajador estadounidense, Señor Mark Langdale; acciones intervencionistas por parte de un diplomático. Por ello exigimos vehementemente que se le declare non grato y se exija su expulsión inmediata de nuestro país.

También denunciamos la irresponsabilidad social de varias empresas de nuestro Cantón; las cuales rompieron los más básicos principios de la ética que debe regir el ámbito empresarial. Denuncias que fueron presentadas oportunamente ante el Tribunal Supremo de Elecciones.


ES NECESARIO CONTINUAR CON LA DISCUSIÓN ABIERTA Y EQUITATIVA DEL MODELO DE DESARROLLO

Rechazamos la imposición forzosa de un modelo económico cuyos alcances y consecuencias aumentarán la brecha social y geográfica, la pobreza, el desempleo y la violencia. En efecto, en el reciente proceso se constató el intento de presentar ante la opinión pública un modelo socio-económico inadecuado para nuestra sociedad a través de una de una maquinaria electoral mediática, en desigual disputa, actuando por la fuerza y, violentado los principios fundamentales de la participación, la veracidad y la equidad democráticas.

La élite del poder que controla Costa Rica desde hace más de dos décadas, no exenta de inagotable codicia y de corrupción, ha sido incapaz de gobernar democráticamente y de concertar un diálogo con los diversos sectores de la población. Representan esta política el Sr. Oscar Arias y su hermano Rodrigo. Su estrategia ha consistido en la imposición de un modelo neoliberal, el capitalismo salvaje, como lo llamó el Papa Juan Pablo II. Ello tiene como consecuencia el aumento de la brecha social a niveles nunca vistos en nuestro país, según lo demuestran los indicadores socio-económicos. Nadie puede dudar de la existencia de amplias zonas de exclusión social y de marginalidad. El imperio de este grupo le permite controlar y manipular el poder institucional, los medios de comunicación de masas y, aún, otros mecanismos informales legales, ilegales e inmorales para su beneficio político. Esto es sumamente peligroso porque, a su vez, le permite estar fuera del control jurídico-político propio de una auténtica democracia decayendo en un peligroso gobierno autoritario y represivo, que más pareciera una suerte de dictadura en democracia. En este panorama los partidos políticos tradicionales sólo cumplen una función defensiva de sus propios intereses al margen de las demandas ciudadanas. Soberbia, prepotencia, corrupción e incapacidad de gobernar ha conducido a la erosión del sistema político, la pérdida de confianza en el mismo y el descrédito de los funcionarios públicos, aún de los más honestos.

Precisamente nuestra principal y decidida oposición al T.L.C. se funda en que éste profundiza la desigualdad, la pobreza y la violencia; es un modelo a todas luces injusto e ineficaz para resolver los graves problemas de la mayoría de los ciudadanos. En cambio, el desarrollo que nuestro país requiere entre otras cosas, efectivas oportunidades de empleo, contener una política agropecuaria e industrial, generar riqueza y proponer una justa distribución de la misma, incluyendo un adecuado sistema tributario.


FORTALECER LAS INSTITUCIONES SOCIALES

Muy grave y aún motivo de honda preocupación es el deterioro de las instituciones de servicio social que fueron forjadas en la década de los años cuarenta y fortalecidas después del año 48. Estas, inspiradas en los principios de solidaridad y de bien común, han sido un bastión de seguridad social y de estabilidad política fundada en el equilibrio entre la iniciativa privada y el bien común. Instituciones sistemáticamente atacadas, desacreditadas, y cuyo presupuesto se ha reducido para minar su capacidad de incidencia en el desarrollo nacional y para favorecer la voracidad de algunos empresarios privados ligados a la clase dominante. Si bien es cierto que esas instituciones requieren de una eficiente legislación que las actualice para cumplir a cabalidad sus objetivos iniciales, también está clara la aplicación deliberada de una estrategia de liquidación y asfixia de las mismas. No escapan a ello las grandes conquistas del pasado, tales como el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Electricidad, las Garantías Sociales, el Sistema Bancario Nacional, los servicios de salud, así como la educación pública, incluidas las universidades estatales. Hasta la emblemática abolición del ejército se ha visto disminuida ante una creciente militarización de la fuerza pública y del aumento arbitrario del control represivo de los ciudadanos.


COMERCIO JUSTO.

Una innegable verdad que debe recordarse: los países en vías de desarrollo guardan diferencias sustanciales con la gran mayoría de países desarrollados, razón por la cual es absolutamente justo y legítimo que obtengan de éstos un trato diferenciado.

La apertura de mercados que han hecho los países ricos debería darse sin condicionamientos y sin que la reciprocidad sea un requisito sine qua non. La reciprocidad, esencial en el libre comercio sólo puede ser entendible y aceptable entre sujetos que tienen categoría de iguales. Por ello es que aspiramos y proponemos que el intercambio de bienes y servicios entre naciones pobres como la nuestra y ricas como los Estados Unidos, la Unión Europea y eventualmente China y otros países asiáticos, se establezca en términos de un comercio justo que contemple las asimetrías existentes, que se funde en mecanismos para la obtención de precios justos, que busque una reducción de los riesgos de la externalidad y que den mayores espacios a la utilización de aranceles uniformes que permitan a estos países contar con mayores ingresos fiscales.

Al mismo tiempo los países industrializados deben brindar facilidades para que los países en vías de desarrollo cuenten con una mayor y mejor infraestructura y dispongan de un adecuado acceso al conocimiento y a la tecnología, cuyos costos implican aún grandes sacrificios para la mayoría.




LAS LEYES COMPLEMENTARIAS.

La aprobación vía referendum del T.L.C. no implica, en modo alguno, la aprobación de las llamadas leyes de complementarias. Estas tendrán efectos negativos tanto o más graves que el propio Tratado. Debido a su importancia las mismas requieren una amplia discusión pública y democrática. La llamada vía rápida aplicada a estos 13 proyectos de ley y la forma atropellada en que se quieren aprobar riñe con todos los principios de una democracia participativa. Ellas no fueron votadas en el Referéndum y, en consecuencia, no deberían ser aprobadas sin el adecuado estudio, discusión y debate en el cual deberá participar la sociedad civil. Al no existir un consenso nacional se debe realizar un efectivo proceso de diálogo. En este punto los y las diputadas que apoyaron el T.L.C. deberán acoger los dictámenes de organizaciones como las Universidades, grupos de científicos y otros expertos que ya han advertido sobre las consecuencias negativas de tales proyectos.


VERDADERAS Y FALSAS REFORMAS ELECTORALES

Otra lección aprendida es que la Ley de Referéndum y su Reglamento no sólo son inadecuados, sino que dejan abiertos portillos que dan lugar a abusos de poder como fue evidente en la campaña a favor del SI. En ella se invirtieron sumas millonarias que escaparon al control de una legislación desigual. La tendencia que no posea los recursos económicos y los mecanismos de poder ven limitado su margen de acción frente a la prepotencia de los grupos dominantes. En los procesos futuros la legislación deberá garantizar la equidad y la justa aplicación de los mecanismos de control con verdaderas reformas. Por otra parte, la debilidad del Tribunal Supremo de Elecciones generó una cantidad considerable de denuncias por supuesta parcialidad. Esta institución, que debería ser un garante de la confianza electoral, es ahora una instancia desacreditada y carente de efectividad.

Es imperativo que este Tribunal recobre la credibilidad y la imparcialidad que permitan garantizar un efectivo proceso democrático, junto con las necesarias reformas a la Ley del Referéndum y su Reglamento, que impliquen una firme imparcialidad y efectividad electoral, el propio Tribunal asumiera una posición más propositiva para contribuir con la formación democrática.


EL VALOR DE LA ESPERANZA

Reafirmamos nuestra confianza en el espíritu de las y los costarricenses para construir una Patria moralmente íntegra y solidaria para todos. Por eso trabajaremos aún más para fortalecer la organización cívica, la lucha democrática y la vigilancia por parte de los comités patrióticos. El surgimiento y determinación de este Movimiento pluralista e inclusivo, sin distinción de tendencia política y su destacado papel y permanente labor crítica es, sin duda la principal lección aprendida durante este proceso; lección que recoge el vivo ejemplo de Félix Arcadio Montero.

Desde Santo Domingo, Heredia, formulamos un ferviente llamado a los hombres, mujeres y jóvenes de nuestro Cantón y del País, amantes de la patria, para unirse a esta campaña nacional. Lucha viva en la cual el Corazón del No constituye un baluarte de dignidad y de esperanza.


Santo Domingo, Heredia, a los veintisiete días del mes de octubre de dos mil siete.



felixarcadiomontero@gmail.com