¿Extraditar costarricenses a Colombia?

José María Villalta Floréz-Estrada

La escalada represiva y el creciente deterioro del pluralismo político y las libertades democráticas que enfrenta Costa Rica en tiempos de la Administración Arias Sánchez, están alcanzando proporciones insospechadas y verdaderamente alarmantes.De lo contrario es difícil explicarse que hayan pasado casi desapercibidas las declaraciones pronunciadas en la Asamblea Legislativa por la señora Chinchilla Miranda, Vicepresidenta de la República y Ministra de Justicia, el pasado 7 de abril.De acuerdo con esta jerarca, el Gobierno del Premio Nobel de la Paz está "dando la lucha" para lograr la firma de un tratado con el Gobierno de Colombia para permitir la extradición a ese país de ciudadanos costarricenses acusados por actos de "terrorismo" o "financiamiento del terrorismo". Así como suena. Obligar a costarricenses a abandonar el territorio nacional a fin de trasladarlos a uno de países campeones del mundo en terrorismo de Estado, para que allí sean juzgados...Precisamente el mismo Estado que permite el asesinato impune de más de dos mil trabajadores sindicalizados al año. El mismo Estado cuyo ejército asesina a cientos de campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros y de paso quedarse con sus tierras, según el diario Washington Post. Ese mismo Estado es el que ahora va a decidir cuales costarricenses son "terroristas" y cuales no... La verdad es que si semejante aberración no proviniera de una ministra de Estado en ejercicio del cargo, habría pensado que se trata de los desvaríos de algún grupo extremista neofacistoide de esos que circulan por internet.No ignoro la crónica propensión de la Administración Arias a utilizar la Constitución Política como papel higiénico. Pero a riesgo de parecer más ingenuo de la cuenta, me gustaría recordar lo que ese mancillado texto todavía dice en su artículo 32: "Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional".Para nuestra Ministra de Justicia esta garantía fundamental constituye un obstáculo que hay que superar. Es decir, como con la reelección y el TLC, andan viendo como se "bailan" la Constitución, una vez más. Esa es su "lucha". Para lograrlo, nos dice, buscarán ampararse en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y que supuestamente permitiría la extradición de costarricenses acusados por "terrorismo" a cualquier otro país. Pero la cosa no es así.En 2000 la Sala Constitucional aceptó la constitucionalidad del artículo 89 del Estatuto de Roma, que establece el deber del Estado de entregar a la Corte Penal Internacional cualquier persona que sea investigada por delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o de guerra, incluyendo nacionales costarricenses (Voto Nº 2000-9685) En esa oportunidad, la Sala estimó que a pesar de lo que dice el artículo 32 de la Constitución, la extradición de nacionales a la Corte Penal Internacional debe admitirse como excepción porque se trata de un tribunal internacional de derechos humanos y no un tribunal nacional extranjero. Además, consideró que la Constitución debía adaptarse a los contenidos de un instrumento internacional de derechos humanos, como el Estatuto de Roma, ya que de lo contrario se debilitaría la plena aplicación de este instrumento.Con la propuesta del Gobierno para extraditar costarricenses a Colombia estamos ante un caso diametralmente distinto. No se trata de garantizar la jurisdicción de un tribunal internacional de derechos humanos como la Corte Penal Internacional, sino de someter nacionales de Costa Rica a los tribunales del Estado colombiano. No está en juego la vigencia de un tratado internacional de derechos humanos ni con la propuesta se persigue fortalecer la protección de estos derechos. Todo lo contrario. Por esta vía más bien se amenazan los derechos de los ciudadanos costarricenses al obligarlos a abandonar el territorio nacional para ser juzgados y castigados por un Estado que acumula innumerables denuncias por graves violaciones a los derechos humanos.Si un costarricense comete algún delito, cualquiera que sea, puede ser juzgado y sancionado por los tribunales de Costa Rica. Y puede cumplir la condena que se le imponga en Costa Rica. Para ello no es necesario extraditarlo a Colombia, lejos de su familia y donde incluso puede correr peligro su vida. ¿No se supone que somos un Estado de Derecho? ¿O es que ahora el Estado colombiano va a ser el encargado de velar por el respeto a los derechos humanos en Costa Rica? Pretender tal cosa es como encomendarle una escuela de derechos humanos a la administración de la cárcel de Guantánamo...Así las cosas, no existe forma de que esta propuesta soporte un análisis serio de constitucionalidad. Salvo, claro está, que al igual que como hicieron con los proyectos de la agenda de implementación del TLC pongan a resolver el caso magistrados suplentes escogidos "a la medida". Tal vez Uribe pueda recomendarles algunos nombres...Si el objetivo de este nuevo plan de la Administración Arias no es la defensa de los derechos humanos ¿Qué está detrás entonces? En el ámbito internacional se enmarca perfectamente dentro de la estrategia del gobierno estadounidense de extender el conflicto colombiano al resto del continente y está muy a tono con el clima generalizado de aumento de la represión y la militarización que vive América Latina como reacción ante el surgimiento de importantes movilizaciones sociales contra el modelo económico neoliberal. A lo interno del país, parece ser un eslabón más de la estrategia del Gobierno del Premio Nobel de la Paz para acallar todo tipo de oposición interna. Ya no es solo que a todo el que proteste contra sus políticas lo van a tachar de "terrorista". Ahora además pretenden amedrentar a las y los luchadores sociales con la amenaza de ser extraditados a Colombia... ¿Qué seguirá después?Frente a este tipo de propuestas, la verdadera lucha la tenemos que dar el pueblo de Costa Rica, antes de que los principales terroristas, los del memorándum, nos dejen nada de país.