Se hizo bajo fideicomiso privado con cláusulas de confidencialidad¡
• Inversionistas venden pajas de agua en ¢2 millones cada una
• Habitantes de Sardinal, El Coco y Ocotal deberán hacer cola para recibir agua
• Inversionistas venden pajas de agua en ¢2 millones cada una
• Habitantes de Sardinal, El Coco y Ocotal deberán hacer cola para recibir agua
Betania Artavia
La defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, y el defensor adjunto Daniel Soley muestran el expediente del caso Sardinal, donde se violentaron los procesos de contratación administrativa utilizando la figura de un fideicomiso privado, con cláusulas de confidencialidad, por ello solicitan la intervención de la Contraloría.La Defensoría de los Habitantes dio la razón a los pobladores de Sardinal que han dado la lucha en defensa del agua, al afirmar que es un negocio como si el agua fuera un bien privado y no público, utilizando figuras de contrato privado con cláusulas de confidencialidad que impiden dar a conocer los detalles del fideicomiso.
Así lo dio a conocer el defensor adjunto de los Habitantes, Daniel Soley, quien detalló que la operación y construcción del acueducto en disputa se manejó mediante la figura de fideicomiso privado, lo cual permitió evadir todos los procesos de contratación administrativa.
En este momento el fideicomiso se encuentra en poder del Banco de Costa Rica, y entre las cláusulas se indica que ninguna de las partes puede hacer público los detalles del documento, que debería ser público porque AyA, una entidad estatal, es una de las partes, además, el agua es un bien público.
En caso de que el Estado dé a conocer los detalles del fideicomiso los 32 empresarios que en este momento forman parte de él pueden cobrar al Estado daños y perjuicios, de manera que desde el primer momento se entró al juego perdiendo.
Ni siquiera se pueden hacer públicos los nombres de los 32 empresarios que componen el fideicomiso a menos que ellos así lo acepten, algo poco común al tratarse de una negociación gubernamental, donde están obligados a la transparencia.
"Aquí los temas de confidencialidad son solo los que se refieren a la seguridad nacional, no podía utilizarse para un acueducto, menos que el agua es un bien público... el pueblo de Sardinal tiene razón en su lucha", afirmó Lisbeth Quesada, defensora de los Habitantes.
Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Contraloría General de la República entrar a conocer el caso y analizan la posibilidad de acudir también a la vía contenciosa administrativa para sentar las responsabilidades, ya que todos los habitantes salen perdiendo con este proceso, pues en caso de una demanda contra el Estado el pago de la indemnización saldrá del bolsillo de todos los costarricenses.
El mismo contrato establece que en caso de discrepancias entre las partes, incluido AyA la instancia para resolverlas es el arbitraje, de manera que están excluyendo los tribunales comunes.
La Defensoría recordó que la Sala Constitucional no ha dado respuesta a los recursos de amparo interpuestos hace ya un mes, en los cuales tanto la comunidad como la Defensoría solicitan la suspensión de las obras ante la falta de estudios que garanticen que hay agua suficiente en los acuíferos, y entre más tiempo pase, más avanzadas estarán las obras y por ende, en caso de que los estudios determinen que no hay agua suficiente para cumplir con el fideicomiso, será mayor el monto a indemnizar a los inversionistas.
¡NEGOCIAZO CON LAS PAJAS!
Serán precisamente los habitantes comunes y corrientes los que se verán afectados en caso de escasez de agua, sea porque no haya suficiente o porque ante los problemas de salinización cada vez sea menos el líquido disponible para consumo humano, porque el fideicomiso garantiza prioridad a los firmantes del fideicomiso.
Incluso les da la propiedad sobre entre 8 y 10 mil pajas de agua, las cuales ellos podrán vender, administrar o utilizar como lo deseen, y tienen garantía para el abastecimiento de agua, ya que AyA renunció en el fideicomiso a ejercer sus potestades, lo cual a criterio de la Defensoría, violenta normas de rango legal y constitucional.
Esto significa que en caso que AyA deba hacer racionamientos los afectados serán los pobladores de Sardinal, El Coco y Ocotal porque primero debe cubrirse el agua de los propietarios del fideicomiso -estas 8 mil o 10 mil pajas- y con lo que quede se suplirán las necesidades del resto de la población.
A menos claro, que el interesado compre una paja de agua, las cuales al inicio del proyecto se vendían en mil dólares y hoy ya van por $3.500, cerca de ¢2 millones cada paja, y estas son prioritarias para suministrar agua, no importa el uso que se les dé.
De manera que quienes no puedan pagar esos ¢2 millones por paja de agua deberán hacer cola para recibir el líquido cuando se den problemas de suministro.
Los propietarios del fideicomiso por la donación del acueducto están recibiendo una ganancia de $35 mil solo con la venta de las pajas de agua, recursos de los cuales AyA ni las comunidades percibirán ninguna ganancia.
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