No se puede negar que algo ha calado en la clase política de este país el tema de la transparencia, claro que interpretado de manera torcida como siempre que cierto sector de esa clase política se apropia de las palabras como democracia participativa, Estado de Derecho, legitimidad, representatividad, independencia de poderes, rendición de cuentas, entre otros.
Sin pudor ni vergüenza alguna el Ministro de la Presidencia declara y los medios reproducen, con recuadro y todo, lo que le ha costado últimamente mantener el voto de algunos de los 38 en la Asamblea Legislativa y por su parte hace lo mismo el Presidente de AyA quien dice que le regalaron medio millón de dólares los 22 desarrolladores del acueducto privado de Sardinal para que calme la situación social y allá se fue a decirlo tan campante. ¡Vaya desfachatez del que peca y del que paga!!! ¿Cómo se pueden interpretar esas conductas a la luz de las leyes contra la corrupción que en este país juraron cumplir y defender?
¿Comprar votos en otro Poder de la República o recibir plata de parte interesada corresponde acaso a lo que señala el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito cuando dice :
"El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente"?
¿Qué esperan el Presidente, la Contraloría, la Procuraduría, el TSE, la Defensoría, la Asamblea Legislativa y hasta el resto de Ministros del Consejo de Gobierno y demás Presidentes para pedir que se saque a ese Ministro y al Presidente de Ay A y de ser posible, aplicar aquello que reza "que a confesión de parte relevo de pruebas"? ¿o es que tampoco a los Ministros y Presidentes Ejecutivos se les pueden aplicar ese artículo 3 tal y como pretende el pariente en la Sala IV por ser diputado? ¿ o el escenario previsto es una tramitología sin fin que sólo sirve para que ellos ganen tiempo y sigan tan campantes, en el bazar del país : comprando o vendiendo?.
Habrá que recordarles a quienes fiscalizan que el artículo 4 de esa misma ley señala que "Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal."
¡!Qué majadería verdad con eso de la corrupción, si todo está clarísimo, los negocios se hacen a la luz del día, se informa a la prensa , se dan los montos, se dicen los nombres , ¿todo es muy transparente o no?. Por ahora y hasta cuándo? Esa es la pregunta, ojalá no se necesiten muertos(as) para medio enderezar el barco o ponerle techo y piso a esta casa desvencijada en la que la ciudadanía , titular del poder público, es considerada precarista por funcionarios públicos del Ejecutivo y del Legislativo tan "translúcidos" y empresas privadas tan respetuosas de los principios de la Responsabilidad Social Empresarial.
Emilia González, 30 de mayo 2008--
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