Desde el momento en que se han triplicado el precio de los granos básicos, existe en el mundo una crisis alimentaria.
El enorme aumento de los precios es mucho más grave para la gente pobre que dedica ya casi todos sus ingresos a comprar su comida y que no tiene recursos para pagar 3 veces más. Nosotros no compartimos la idea de que Costa Rica no padece una crisis alimentaria como en el resto del mundo.
1.- Entendemos el sector agropecuario conformado por dos tipos de agricultura a las que se les debe tratar separadamente: la agricultura de pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y pesqueros; y la agricultura trasnacional. La primera: la que nos da la soberanía alimentaria, es la que nos interesa en este acto; expresada a través de asociaciones solidarias y de economía social, es conformada por la producción de alimentos para las propias familias campesinas y fundamentalmente para el mercado nacional, y cuya producción tiene como destino satisfacer las necesidades de alimentación de los habitantes del país.
2.- Esta producción campesina garantiza, empleo, ingresos, solidaridad, reserva de los valores de nuestra democracia social, la integración de la familia campesina, la cultura y la multifuncionalidad del campo y la agricultura. En suma, es el ordenamiento socio-económico que conforma lo que conocemos como la Economía Campesina, social y solidaria, garante de la “Soberanía alimentaria”, la cual, históricamente, ha mantenido en nuestra Patria la estabilidad y la paz social, que tanto nos ha permitido un grado aceptable de bienestar social.
3.- Por el contrario, la complacencia depositada por los gobiernos durante las últimas tres décadas en un modelo económico que promulga la instauración de una economía de libre mercado y la eliminación del carácter solidario del Estado, tiene, en Costa Rica, como una de sus premisas la eliminación del Sector Primario y la compra de los alimentos en el exterior. La aplicación de este modelo ha tenido como consecuencia el desmantelamiento de las instituciones del sector agropecuario, el deterioro agresivo de la economía campesina, el deterioro de la familia y su base religiosa. Proceso tal que ha promovido la migración del campo a la ciudad, concentrado la riqueza y aumentando la desigualdad social.
4.- Esta dirección de las políticas productivas que promueve el gobierno le ha impuesto un rumbo economicista a nuestra democracia social, con consecuencias de alto riesgo para la gran mayoría de la población de quedarse sin alimentos por dos razones: a) porque no hay condiciones para producir; y b) porque no tiene el dinero para comprarlos. El modelo señalado, conocido como neoliberal y que su santidad Juan Pablo II llamó “capitalismo salvaje”, entra en crisis global causada por la ligereza de resolver sus intereses los países desarrollados sin tomar en cuenta las necesidades de los países pobres como el nuestro. Esto nos enfrenta a una crisis económica que produce a su vez una desesperante inseguridad alimentaria, crisis muchas veces anunciada por las organizaciones campesinas, y que los gobiernos nunca le dieron la importancia debida.
5.- De esta crisis, desde hace varios meses, diversos organismos internacionales, han señalado sus causas y apuntado la necesidad de que nuestros países tomen todas las previsiones necesarias para poder sobrellevarla. Pero desdichadamente nuestro gobierno ha minimizado la gravedad de la situación y no ha tomado medidas serias e integrales para enfrentar esta crisis y deja la población en peligro de no tener acceso a los alimentos cotidianos por no haber en el mercado o por no tener ingresos suficientes para adquirirlos. El Gobierno abandonó el apoyo a la producción de alimentos y toma una política de ingresos y salarios decrecientes con relación al costo de la vida.
6.- La Conferencia Episcopal, los agricultores y los sectores sociales aprovechan esta Jornada Nacional por la Alimentación y el Derecho a la Producción de Alimentos, para demandar del gobierno un espacio de dialogo concertado que permita construir una estrategia de corto, mediano y largo plazo, que dé como resultado un programa integral de políticas públicas, que le garanticen a la población Seguridad Alimentaria, acceso a la tierra y financiamiento para producir, precios asequibles de los insumos agrícolas, y los ingresos necesarios para adquirir los alimentos. Es hora de que el Gobierno reconstruya la institucionalidad deteriorada por efecto de las políticas neoliberales, retomando las funciones abandonadas, todo en una política agropecuaria de Estado.
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