Decisiones responsables ante la crisis

Gilbert Brown Young (*)
Costa Rica sufre hoy las consecuencias de una crisis que se ha venido gestando desde hace dos décadas y que evidencia cómo las políticas públicas no se han orientado a satisfacer las necesidades de la colectividad, sino los intereses de ciertos grupos de poder económico.
La crisis energética, a la que se le ha sumado la alimentaria, llevó a nuestros gobernantes a desempolvar las políticas agrícolas que se aplicaron con éxito hasta los años ochentas, y que se dejaron de lado, porque los grupos neoliberales desvalorizaron la intervención del Estado en actividades que procuraban el bienestar para las grandes mayorías.
Es así como a los agricultores se les negó el apoyo, argumentando que era más barato comprar en el exterior que producir en el país; desmantelaron todo el sistema, desde la comercialización que realizaba el Consejo Nacional de Producción hasta los créditos agrícolas subsidiados y la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Nefastas consecuencias. En el campo del transporte, al Instituto Costarricense de Ferrocarriles se le confinó a administrar chatarra, para darle paso y fortalecer el transporte de mercaderías por carretera, con lo que empezó a crecer el número de furgones en las vías con las ya sabidas consecuencias que eso ha traído. Al tránsito de pasajeros se le eliminaron los subsidios, alegando que eran distorsiones a la economía, con lo que se le obligó a los usuarios de menos recursos a costear los pasajes a precios prohibitivos.
A las instituciones y empresas estatales como el ICE, Japdeva y Recope se le limitaron las inversiones, deteniendo la posibilidad de dar respuesta a la creciente demanda de servicios que requiere el país para alcanzar su desarrollo óptimo.
Aunque estas políticas parecen reflejar una inocente falta de planificación, en realidad no se trata de eso, el menoscabo a la inversión pública hoy evidencia el interés de la clase político-económica de apropiarse de los mercados a los cuales el Estado brindaba un servicio, para convertirlos en lucrativos negocios particulares.
Para estos sectores el transporte ferroviario tampoco era rentable, por lo que optaron por cerrarlo, ahora habrá que ir con lupa y abogados a buscar lo que queda de las líneas férreas y a sacar a quienes se instalaron en el derecho de vía del tren.
En esta crisis energética muchos se quejan y arremeten contra Recope por el elevado y creciente precio de los combustibles; sin embargo, la empresa estatal sufre los mismos problemas que hemos venido apuntando. Por 20 años se ha dilatado la conclusión de la modernización de la refinería, con lo que hoy parte del producto terminado se debe importar, en detrimento de la economía nacional, ya que refinar significaría un ahorro de millones de dólares.
Inversión a largo plazo. Ahora se plantea como una solución: adherirse a Petrocaribe, lo cual nos daría la ventaja de pagar el petróleo en dos tractos, el primero del 40%, sin intereses a tres meses plazo, y el siguiente 60% a 25 años, con un interés anual del 1%.
Tomando en cuenta que tres meses son suficientes para recobrar del consumidor el importe por la inversión en combustible, los restantes 25 años son un préstamo a largo plazo y a interés blando. Aquí surge la duda: ¿en qué invertirán esos recursos?Si se utilizan para cubrir gastos corrientes del gobierno y sin capacidad para afrontar responsablemente nuestras obligaciones, estaríamos cayendo nuevamente en la situación de los 80, con las consecuencias de las políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que dieron al traste con el Estado Social de Derecho.
Debemos aprovechar esos recursos y realizar inversiones a largo plazo, como lo son la puesta en marcha nuevamente de los trenes de carga y pasajeros; el fortalecimiento y actualización del sistema de transporte público subsidiado, la modernización de la refinería para el procesamiento total de los combustibles que consume Costa Rica, y para otras obras de infraestructura como puertos y aeropuertos.
No es suficiente con tomar medidas populistas para quedar bien con la población, ahora que la crisis aprieta. Los Poderes del Estado tienen en sus manos una enorme responsabilidad en la toma de las mejores decisiones que contribuyan a superar la crisis energética y alimenticia, a fin de que no afecte aún más a la población de menores ingresos ni frene la competitividad de los sectores productivos.
¿Será necesaria una declaratoria de emergencia nacional para avanzar en la búsqueda de soluciones como las señaladas?*Secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA).