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Pero lo grave no es lo que pierda el ICE, sino lo que pierde el pueblo. El pueblo, en especial los más pobres, a través de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642, pierde la solidaridad, al prohibirse en ella los subsidios (nos latinoamericanizamos).
Los “servicios públicos”, prestados por el “Estado”, sin fines de lucro, “al costo” y con “subsidios cruzados”, que hicieron de este un país más humanitario, equitativo, inclusivo y solidario, son considerados ahora “servicios disponibles al público”; en buen castellano “mercancías”.
Esta Ley abre a la competencia los servicios rentables del ICE (redes privadas, Internet y celular) para participar a la empresa privada, nacional y transnacional, de un mercado que hoy representa más de $1.000 millones anuales, y del que el ICE con gran esfuerzo logrará mantener una tercera parte.
Un grupo de 38 “padres de la Patria”, sin el menor reparo en las consecuencias para el pueblo, pero que evidentemente favorecerán a grandes capitales, truecan los valores de nuestra Constitución por los del neoliberalismo, echando por la borda dicho legado. A continuación los principales cambios:
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