Columnista huésped 20 de Agosto 2008
Por Walter Antillón
• Carta a la jueza Rosaura Chinchilla
Estimada Rosaura, el justo enojo, el dolor, la desilusión que se adivinan bajo la respetuosa vehemencia con que Ud. se dirige a un sector mayoritario de los Magistrados de la Corte [ver abajo], sentimientos que estoy seguro son compartidos por la gran mayoría de los jueces del País, me mueve a dirigirle la siguiente reflexión.
Desde hace muchos años vengo repitiendo hasta el cansancio que no hay oficio más difícil, ni más ingrato que el del juez; pero que tampoco hay entre todos los oficios otro tan sublime, por intensamente humano. Por eso entiendo la ilusión con que tantos jóvenes, entre los egresados de las más altas academias de todo el mundo, abrazan la carrera judicial. El ideal de lograr la más perfecta justicia que humanamente sea posible conseguir, desafía el coraje, la imaginación, la inteligencia y el esfuerzo constante de los mejores de ellos. Porque, afortunadamente para el género humano, existen jueces que —como le ocurría al compatriota don Fernando Coto Albán—, perennemente padecen hambre y sed de justicia.
Pero no podemos olvidar que el atributo de la justicia, por su misma intrínseca excelsitud, es la presa más ambicionada del poder absoluto, precisamente por ser éste intrínsecamente injusto. Y por eso la Historia nos muestra el acoso y el secuestro constante de la justicia por el poder durante siglos y siglos; y cómo es que, sólo en los últimos tiempos, con el progreso gradual de la democracia en los países más avanzados, la auténtica justicia (administrada pronta y cumplidamente por un juez independiente e imparcial) es concebida como un derecho fundamental de toda persona.
En Costa Rica ha existido una sana tradición popular de justicia, sin duda originada en nuestra sana tradición democrática; y eso nos ha venido salvando hasta hace poco tiempo. Pero en contraste con esa benéfica tradición popular, hemos venido arrastrando una debilidad institucional que hace más de cien años denunció el maestro don Antonio Zambrana (mentor y guía de don Cleto y don Ricardo): la Constitución y las leyes propiciaban entonces y propician ahora el sometimiento de los jueces al poder, por cuanto ponen el nombramiento de los magistrados en manos de la Asamblea Legislativa. Hasta que llegó el día en que las cúpulas políticas, posesionadas de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa, empezaron a manipular el nombramiento de los magistrados de la Corte como un nuevo instrumento al servicio de su poder; al punto de lograr, ya en la actual administración Arias Sánchez, el control mayoritario de las decisiones, no sólo de la Asamblea (otrora llamada primer poder de la República; hoy reducida a triste comparsa), sino también de la Corte y del TSE.
Queda claro que la mayoría en la cúpula judicial ha perdido el Norte, no sólo por el visible atropello de las disposiciones que Ud. cita, sino, entre otras cosas, por la perpetuación de la presencia del suplente Sosto en la Sala IV, inverosímil vencedor de consecutivos sorteos —si nos empeñáramos en ver las cosas con ingenuidad excesiva—; o pieza segura del ajedrez gubernamental, impuesta ilegalmente para garantizar resoluciones judiciales siempre favorables al poder.
En presencia de reacciones como la suya y la de tantos otros jueces sanos, irreprochables, que han dado tanto prestigio al Poder Judicial y que, hasta la fecha, habían guardado un respetuoso silencio, cualquier persona de buena fe tiene que caer en la cuenta de que algo muy grave está pasando en este País. La confianza en la Corte Suprema y en el Poder Judicial ha quedado en escombros, y eso los alcanza también a ustedes los jueces, pero también afecta, y profundamente, a todos los ciudadanos.
Y es que sin justicia, sin el contrapoder racional y justo de los tribunales, es impensable una vida digna, valiosa y segura para el ciudadano. ¿Tocará vivir a Costa Rica, en el siglo XXI, la pesadilla que en el pasado vivieron la Guatemala de Ubico, la Dominicana de Trujillo o la Nicaragua de Somoza, donde parlamentos y tribunales eran sólo apariencia, y la única ley era la voluntad del dictador?
Nobleza obliga: quiero recordar a ustedes, jueces de Costa Rica, que, hace dos décadas, centenares de jueces y fiscales italianos arriesgaron sus vidas y sacrificaron su seguridad y las de sus familias en la lucha contra la corrupción y las mafias; y decenas de ellos sucumbieron en esa lucha que, a la postre, ganaron en beneficio de todos sus compatriotas.
Así entonces, con moderación, pero con mucha firmeza, ustedes los jueces costarricenses deben recoger la bandera de la independencia, la dignidad y el decoro del Poder Judicial; y no deben claudicar ante lo arbitrario o injusto, venga de donde viniere. Más temprano que tarde tendrán que oírlos: a fin de cuentas, la justicia la encarnan ustedes, los cientos de funcionarios que se esmeran cotidianamente con nuestro pueblo en la decisión de sus conflictos, a lo largo y ancho del País.
Ud. y sus compañeros han iniciado una contienda justa que nuestro pueblo, si se le explica adecuadamente, comprenderá y respaldará. Cuenten con mi modesto pero invariable apoyo.
CARTA DE LA JUEZA ROSAURA CHINCHILLA CALDERON
Con motivo de las acciones que ACOJUD organiza para estos días a raíz de los pronunciamientos de Corte Plena sobre el caso Sosto y el aumento de salarios para la "alta gerencia", con todo respeto para los señores y señoras magistradas, pero con mucha vehemencia, he de decir que una mayoría dentro de la cúpula judicial parece haber perdido el Norte ya no sólo de lo ético, sino también de lo constitucional (el principio de independencia de poderes tiene ese rango tanto como el debido proceso que exige, antes de emitir criterio, a lo menos investigar) y hasta de lo legal, para no decir de la situación socio-económica que vive el país. No me explico cómo han obviado dos disposiciones legales clarísimas:
—Artículo 68 de la LOPJ: "Los miembros del Consejo, con excepción de los magistrados que lo integren, tendrán el mismo salario base de los jueces del Tribunal de casación"
—Artículo 48, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento en la función pública. "Legislación o administración en provecho propio. Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social…". "Los miembros del Consejo, con excepción de los magistrados que lo integren, tendrán el mismo salario base de los jueces del Tribunal de casación".
En el primer caso pretenden, con subterfugios (aludiendo a sobresueldos, dietas, etc.), evadir la norma cuando ésta fue muy clara en su espíritu (al pretenderse que funcionarios administrativos de lo que entonces se entendió era el más alto nivel, no ganaran más que el escalafón más alto de la judicatura de carrera) y así consta en las actas de la asamblea legislativa cuando se discutió.
En el segundo caso, se nos ha dicho que si no es la cúpula quien aprueba su propio aumento entonces… ¿quién? Y que los magistrados y magistradas están mal pagados. La respuesta pasa por decir que si la cúpula aprueba el aumento, jamás debería ser en beneficio de aquellos que votaron afirmativamente sino de quienes, en el futuro, desempeñen el cargo y si querían que fuera en beneficio de ellos/as la medida debió ser generalizada (aumento porcentual a todos los salarios base de todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial) y no sectorizada. El argumento de que están mal pagados aplica para todos y todas, en particular para aquellas personas con los salarios más bajos y que tienen la mayor carga de trabajo cotidiana: auxiliares judiciales y otros servidores y servidoras judiciales… Si los magistrados y magistradas están mal pagados… ¿cómo estaremos todos los demás? Y si todos/as estamos mal pagados, ¿no debió empezarse por quienes reciben menos y no por los que reciben más?
Por ello, aunque la denominación "paro con trabajo" parece un contrasentido nominal, me parece oportuna la protesta planteada por ACOJUD y la forma en que se ha organizado (que, por ahora, sigamos trabajando en función del usuario/a, que tomemos vacaciones y usemos de nuestros recursos para protestar, etc.), que pretende decirle a quienes, por necesidad y no por voluntad, acuden a nosotros/as:
"Trabajamos por usted y para Costa Rica, pero protestamos contra las decisiones adoptadas por mayoría en Corte Plena".
Por Walter Antillón
• Carta a la jueza Rosaura Chinchilla
Estimada Rosaura, el justo enojo, el dolor, la desilusión que se adivinan bajo la respetuosa vehemencia con que Ud. se dirige a un sector mayoritario de los Magistrados de la Corte [ver abajo], sentimientos que estoy seguro son compartidos por la gran mayoría de los jueces del País, me mueve a dirigirle la siguiente reflexión.
Desde hace muchos años vengo repitiendo hasta el cansancio que no hay oficio más difícil, ni más ingrato que el del juez; pero que tampoco hay entre todos los oficios otro tan sublime, por intensamente humano. Por eso entiendo la ilusión con que tantos jóvenes, entre los egresados de las más altas academias de todo el mundo, abrazan la carrera judicial. El ideal de lograr la más perfecta justicia que humanamente sea posible conseguir, desafía el coraje, la imaginación, la inteligencia y el esfuerzo constante de los mejores de ellos. Porque, afortunadamente para el género humano, existen jueces que —como le ocurría al compatriota don Fernando Coto Albán—, perennemente padecen hambre y sed de justicia.
Pero no podemos olvidar que el atributo de la justicia, por su misma intrínseca excelsitud, es la presa más ambicionada del poder absoluto, precisamente por ser éste intrínsecamente injusto. Y por eso la Historia nos muestra el acoso y el secuestro constante de la justicia por el poder durante siglos y siglos; y cómo es que, sólo en los últimos tiempos, con el progreso gradual de la democracia en los países más avanzados, la auténtica justicia (administrada pronta y cumplidamente por un juez independiente e imparcial) es concebida como un derecho fundamental de toda persona.
En Costa Rica ha existido una sana tradición popular de justicia, sin duda originada en nuestra sana tradición democrática; y eso nos ha venido salvando hasta hace poco tiempo. Pero en contraste con esa benéfica tradición popular, hemos venido arrastrando una debilidad institucional que hace más de cien años denunció el maestro don Antonio Zambrana (mentor y guía de don Cleto y don Ricardo): la Constitución y las leyes propiciaban entonces y propician ahora el sometimiento de los jueces al poder, por cuanto ponen el nombramiento de los magistrados en manos de la Asamblea Legislativa. Hasta que llegó el día en que las cúpulas políticas, posesionadas de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa, empezaron a manipular el nombramiento de los magistrados de la Corte como un nuevo instrumento al servicio de su poder; al punto de lograr, ya en la actual administración Arias Sánchez, el control mayoritario de las decisiones, no sólo de la Asamblea (otrora llamada primer poder de la República; hoy reducida a triste comparsa), sino también de la Corte y del TSE.
Queda claro que la mayoría en la cúpula judicial ha perdido el Norte, no sólo por el visible atropello de las disposiciones que Ud. cita, sino, entre otras cosas, por la perpetuación de la presencia del suplente Sosto en la Sala IV, inverosímil vencedor de consecutivos sorteos —si nos empeñáramos en ver las cosas con ingenuidad excesiva—; o pieza segura del ajedrez gubernamental, impuesta ilegalmente para garantizar resoluciones judiciales siempre favorables al poder.
En presencia de reacciones como la suya y la de tantos otros jueces sanos, irreprochables, que han dado tanto prestigio al Poder Judicial y que, hasta la fecha, habían guardado un respetuoso silencio, cualquier persona de buena fe tiene que caer en la cuenta de que algo muy grave está pasando en este País. La confianza en la Corte Suprema y en el Poder Judicial ha quedado en escombros, y eso los alcanza también a ustedes los jueces, pero también afecta, y profundamente, a todos los ciudadanos.
Y es que sin justicia, sin el contrapoder racional y justo de los tribunales, es impensable una vida digna, valiosa y segura para el ciudadano. ¿Tocará vivir a Costa Rica, en el siglo XXI, la pesadilla que en el pasado vivieron la Guatemala de Ubico, la Dominicana de Trujillo o la Nicaragua de Somoza, donde parlamentos y tribunales eran sólo apariencia, y la única ley era la voluntad del dictador?
Nobleza obliga: quiero recordar a ustedes, jueces de Costa Rica, que, hace dos décadas, centenares de jueces y fiscales italianos arriesgaron sus vidas y sacrificaron su seguridad y las de sus familias en la lucha contra la corrupción y las mafias; y decenas de ellos sucumbieron en esa lucha que, a la postre, ganaron en beneficio de todos sus compatriotas.
Así entonces, con moderación, pero con mucha firmeza, ustedes los jueces costarricenses deben recoger la bandera de la independencia, la dignidad y el decoro del Poder Judicial; y no deben claudicar ante lo arbitrario o injusto, venga de donde viniere. Más temprano que tarde tendrán que oírlos: a fin de cuentas, la justicia la encarnan ustedes, los cientos de funcionarios que se esmeran cotidianamente con nuestro pueblo en la decisión de sus conflictos, a lo largo y ancho del País.
Ud. y sus compañeros han iniciado una contienda justa que nuestro pueblo, si se le explica adecuadamente, comprenderá y respaldará. Cuenten con mi modesto pero invariable apoyo.
CARTA DE LA JUEZA ROSAURA CHINCHILLA CALDERON
Con motivo de las acciones que ACOJUD organiza para estos días a raíz de los pronunciamientos de Corte Plena sobre el caso Sosto y el aumento de salarios para la "alta gerencia", con todo respeto para los señores y señoras magistradas, pero con mucha vehemencia, he de decir que una mayoría dentro de la cúpula judicial parece haber perdido el Norte ya no sólo de lo ético, sino también de lo constitucional (el principio de independencia de poderes tiene ese rango tanto como el debido proceso que exige, antes de emitir criterio, a lo menos investigar) y hasta de lo legal, para no decir de la situación socio-económica que vive el país. No me explico cómo han obviado dos disposiciones legales clarísimas:
—Artículo 68 de la LOPJ: "Los miembros del Consejo, con excepción de los magistrados que lo integren, tendrán el mismo salario base de los jueces del Tribunal de casación"
—Artículo 48, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento en la función pública. "Legislación o administración en provecho propio. Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social…". "Los miembros del Consejo, con excepción de los magistrados que lo integren, tendrán el mismo salario base de los jueces del Tribunal de casación".
En el primer caso pretenden, con subterfugios (aludiendo a sobresueldos, dietas, etc.), evadir la norma cuando ésta fue muy clara en su espíritu (al pretenderse que funcionarios administrativos de lo que entonces se entendió era el más alto nivel, no ganaran más que el escalafón más alto de la judicatura de carrera) y así consta en las actas de la asamblea legislativa cuando se discutió.
En el segundo caso, se nos ha dicho que si no es la cúpula quien aprueba su propio aumento entonces… ¿quién? Y que los magistrados y magistradas están mal pagados. La respuesta pasa por decir que si la cúpula aprueba el aumento, jamás debería ser en beneficio de aquellos que votaron afirmativamente sino de quienes, en el futuro, desempeñen el cargo y si querían que fuera en beneficio de ellos/as la medida debió ser generalizada (aumento porcentual a todos los salarios base de todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial) y no sectorizada. El argumento de que están mal pagados aplica para todos y todas, en particular para aquellas personas con los salarios más bajos y que tienen la mayor carga de trabajo cotidiana: auxiliares judiciales y otros servidores y servidoras judiciales… Si los magistrados y magistradas están mal pagados… ¿cómo estaremos todos los demás? Y si todos/as estamos mal pagados, ¿no debió empezarse por quienes reciben menos y no por los que reciben más?
Por ello, aunque la denominación "paro con trabajo" parece un contrasentido nominal, me parece oportuna la protesta planteada por ACOJUD y la forma en que se ha organizado (que, por ahora, sigamos trabajando en función del usuario/a, que tomemos vacaciones y usemos de nuestros recursos para protestar, etc.), que pretende decirle a quienes, por necesidad y no por voluntad, acuden a nosotros/as:
"Trabajamos por usted y para Costa Rica, pero protestamos contra las decisiones adoptadas por mayoría en Corte Plena".
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