Emilia González
25 de agosto del 2008
La sesión de Corte Plena Nº 24-2.008 celebrada a las ocho horas treinta minutos del veintiuno de julio del dos mil ocho, hay que leerla, quedará como una de tantas más, en los anales de la historia del país como fiel reflejo de la crisis institucional actual que vive el país y sus repercusiones en el Poder Judicial[1].
Más allá del resultado numérico de la votación sobre el caso del Magistrado Sosto, lamentablemente previsible para una gran mayoría de la ciudadanía, esa sesión permite a cualquier costarricense darse cuenta en manos de quien está el órgano llamado a
* aplicar imparcialmente las normas producidas por voluntad popular mediante consultas (Vg. referendum) o en representación de esa voluntad(Poder Legislativo) ;
* someter a los poderes públicos al cumplimiento de la ley;
* controlar la legalidad de las actuaciones de la Administración y,
* proporcionar tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos a todas las personas.
Sus consecuencias ya las estamos viviendo: amenazas a Magistrado , editoriales infundiendo miedo; columnistas que dicen no entender por qué la Asociación de Jueces (ACOJUD) está protestando y todo el menú acostumbrado de descalificaciones, amenazas y miedo al que con cada vez más frecuencia se recurre para acallar a quien piensa diferente, se atreve a pensar o disentir.
Investigaciones recientes lo han señalado: "el mecanismo de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial, en especial de la Corte Suprema, vincula al sistema de justicia con el sistema político. En la práctica, este mecanismo ha venido incidiendo sobre la independencia y la imparcialidad de los jueces, y, por lo tanto, impacta en la configuración de la corrupción judicial.[2]" En el 2006 el 77 % de la ciudadanía costarricense dijo percibir la generalización de la corrupción en los funcionarios públicos, fácilmente podemos imaginarnos cómo es ese sistema político o cómo se percibe a sí mismo[3].
En Costa Rica con mayor intensidad ahora, al igual que el resto de los países del área, dos son las principales amenazas que zarandean la independencia del Poder Judicial y la Corte Suprema: una proviene de la injerencia indebida del Ejecutivo y la otra del soborno transnacional.
De la primera no hay mucho que decir, ejemplos sobran, cartas de apoyo al Magistrado Sosto, encuentro apresurado de café con diputada, no encontrar ni ½ reproche de inconstitucionalidad en más de 3000 normas y hace un tiempo licencia literaria en ocasión de la reelección presidencial, de la segunda apenas si conocemos algo.
Pero hay datos: según una investigación en Centroamérica llevada a cabo por la Universidad de Salamanca en el año 2004, citada en el estudio de la Fundación para el debido proceso legal, se señala que en Costa Rica un 19,2%, de los entrevistados jueces de distinto rango, incluyendo Magistrados(as) , aceptan haber recibido intentos de soborno [4]. El cómo se dan esas injerencias también se ha investigado : se da principalmente por medio del funcionamiento de grupos de cabildeo y acciones de copamiento mediante una estrategia planificada de ciertos estudios o bufetes de abogados con grupos de magistrados (as) mediante vasos comunicantes de mutuo provecho que se producen tanto en asuntos o controversias judiciales nacionales como en representación de clientes o intereses transnacionales: "Por otro lado, todos los informes nacionales mencionan el rol de los abogados como corruptores de la judicatura."[5].
Es por eso que antes de que se cumpla lo que el hoy amenazado Magistrado Arroyo señaló en esa sesión Nº 24-2.008: "Yo lo que digo es que con ese tema, que es el primero de todos, para que no nos pase lo que pasó en Argentina, que la consigna a final de cuentas por las calles era "váyanse todos", porque eso es lo que termina clamando la gente cuando pierde la fe y la confianza en sus instituciones (SIC)" se impone comenzar a crear las condiciones efectivas para que se de un Pacto de Estado y poder hacer los correctivos antes de que sea muy tarde.
Correctivos que empiezan por cuestionar seriamente y encontrar vías nuevas para cambiar esa delegación absoluta del gobierno del Poder Judicial en esa cúpula ya que ello está conduciendo y alimenta una lógica de organización vertical y jerarquizada que poco tiene que ver con la lógica democrática y que alcanza al Tribunal Supremo de Elecciones.
Esa verticalidad y jerarquía alimenta un espíritu corporativista en la que una mayoría se asimila como la lógica institucional y como tal, en muchos casos, no suele compadecerse con lo que comparte la mayoría de la ciudadanía ni los otros jueces y juezas: "en los diferentes sectores del Poder Judicial las muestras de apoyo han sido contundentes, en cuanto a que el movimiento de la ACOJUD representa el sentir de una gran mayoría de los empleados y empleadas judiciales. A lo interno se hizo una encuesta y un 95% de quienes han respondido, han manifestado su apoyo"[6],
Se requiere la apertura efectiva de espacios para el diálogo y concepción de nuevas vías para designar la cúpula del Poder Judicial entre la institucionalidad política nacional, la institucionalidad académica, gremial y la sociedad civil organizada, antes de que sea muy tarde y efectivamente se tengan que ir todos. En otros lares donde se han quitado y suelen llegar otros, éstos terminan haciendo lo mismo, al no tomarse en serio el cambio en un marco de respeto efectivo por la institucionalidad democrática.
El único camino es rectificar en serio porque si no se hace se continuará alimentando la espiral cargada de violencia e inseguridad de la cual estamos teniendo noticia y somos víctimas, porque, si quisiéramos lo contrario, sigamos así y lo que dijo esa mayoría de cúpula en la sesión Nº 24-2.008 es lo que se merece tener este país como Poder Judicial , dejando en papel mojado la letra y el espíritu de la Constitución y para lo que se les ha delegado el poder.
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